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LA RESOLUCIÓN 232 Y EL DECRETO DE COLOMBI SON ILEGALES
Asociación de Usuarios y Consumidores presentó Amparo contra la DPEC por aumentar la tarifa sin audiencia pública
Pidió que se declare nulo el acto administrativo, se refacture con el cuadro tarifario anterior y el gobierno provincial se abstenga de interrumpir el servicio en el domicilio de los afectados.Hizo reserva  de recurrir a la Corte.
La Asociación de Usuarios y Coinsumidores de la provincia de Corrientes presentó un Recurso de Amparo y una medida cautelar innovativa ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 para que la DPEC (Dirección Provincial de Energía) se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario 91-A y 91-B que fue fijado mediante la resolución administrativa 232/17 y el decreto provincial 516/17 firmado por el gobernador Ricardo Colombi.
La razón es que ambas disposiciones aumentaron el precio del kilowats y provocaron incrementos en la facturación que van desde el 40  al 100 por ciento, sin convocar a una audiencia pública como establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.
En la presentación que consta de 30 fojas, el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores Nelson Veas Oyarzo, afirma que impugna judicialmente el aumento de la luz por la “ilegalidad y arbitrariedad manifiesta de un Acto Administrativo de alcance general que resulta lesivo de derechos con raigambre constitucional”.
Posteriormente consigna que el acto administrativo de la DPEC vulnera derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y que la urgencia que el caso requiere amerita la acción de amparo dado que los valores en cuestión son “irrazonables desde el punto de vista económico”.

Adulteración del cargo fijo
Asimismo sostiene que “el cargo fijo como la palabra lo indica debe ser fijo, es decir, tener un valor económico que no varíe (ni aumente ni disminuya según el consumo operado por parte del Usuario). Sin embargo, es evidente que el nuevo cargo fijo establecido por la DPEC varía dependiendo del consumo efectuado, por lo que se desnaturaliza su esencia, convirtiéndolo en arbitrario e ilegal, y esencialmente gravoso a los legítimos derechos e intereses de los Usuarios, por agraviar el Derecho de Propiedad al pretender que realice importantes desembolsos dinerarios que no corresponden”.
En otro de los párrafos, la presentación subraya que “el aumento del precio de la energía eléctrica trae consigo una carga impositiva que distorsiona el valor real, tornándole irrazonable e injusto  y confunde a la opinión pública porque dicho incremento trae como consecuencia un doble impacto para los usuarios finales, ya que deben absorber un aumento de su tarifa eléctrica, y otro por la suma recaudada a través de los impuestos que se desprenden de él. Es decir que cada aumento tarifario implica un aumento no solo por el precio del kilowats sino también por el IVA que se aplica al mismo. No es lo mismo el 21% de $500,00 ($105,00) que el 21% de $1000,00 ($210,00)”.

La audiencia de Santa Rosa también es nula
Luego, la mencionada Asociación aclara que el Expediente Administrativo N° 875 – 21 – 02 – 1.108/2017, caratulado: “Subgerencia de asuntos regulatorios DPEC – ref. s/ traslados de los costos propios a las tarifas del cuadro tarifario vigente”, que da nacimiento a la Resolución Nº 232/17 ratificada por Decreto Nº 516 del Poder Ejecutivo Provincial es totalmente distinta al Expediente Nº 875 – 00687/ 2017, caratulado “ Ref. Proyecto tarifario para 2017”, cuya Audiencia Pública fue convocada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y fue celebrada el dia 22 de Marzo de 2017, en el Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) de la Municipalidad de Santa Rosa, en el que se debatió un nuevo cuadro tarifario (92) de la energía eléctrica en la provincia para el próximo bimestre. No obstante lo cual aclara que este último acto también es nulo porque fue convocado por el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia cuando el único ente autorizado para llamar a una audiencia pública es el EPREE (Entre Provincial de Energía Eléctrica) que fue creado por el artículo 26 de la ley 6073 el 21 de septiembre de 2011 y que extrañamente el Poder Ejecutivo Provincial todavía no lo puso en funcionamiento.
Finalmente advierte que “no existe justificación legal alguna a la omisión de la convocatoria a una Audiencia Pública en la provincia de Corrientes máxime cuando se trata de un servicio público de carácter esencial, estratégico, y monopólico como lo es la distribución de la energía eléctrica, teniendo en cuenta que nuestra zona carece de otro medio de suministro energético”.
Por tal motivo advierte que de no prosperar el Amparo y la Medida cautelar, hace reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.